El concepto básico de despido improcedente en violación de la política pública es que los empleadores no pueden despedir a un empleado de otra manera a voluntad si la terminación violaría la «política pública». ¿Qué significa esto? Para ser la base de una acción de despido improcedente, la política en cuestión debe estar bien establecida y ser sustancial, y debe basarse en una ley o en una disposición constitucional. Hay violaciones evidentes del «orden público», como despedir a un empleado por negarse a despedir a otro porque es negro y tiene más de 40 años. Pero también hay mucha «zona gris». Un escenario típico es cuando un empleado participa en una «actividad protegida» y el empleador lo despide «a causa de» o en «represalia» por participar en esa actividad protegida».

La razón por la que este tipo de despidos viola la política pública es porque es una buena política pública alentar a los empleados a negarse a participar en actividades que violan la ley, o a permitir que sus empleadores participen en tales actividades. Proteger a los empleados en caso de que presencien o sean presionados para participar en actividades ilegales, o en caso de que actúen para proteger sus propios derechos, promueve el respeto de la ley por parte de los empleadores y fomenta el comportamiento legal. También permite a los empleados protegerse y luchar por sus propios derechos sin temor a las represalias de los empleadores.

Actividades protegidas: Las reclamaciones por despido improcedente suelen basarse en una de las siguientes categorías de «actividades protegidas»:

(1) Despidos expresamente prohibidos por la ley;

(2) Despidos en los que el empleado ha ejercido un derecho o privilegio constitucional o legal;

(3) Despidos por negarse a participar en una conducta ilícita; y

(4) Despidos por denunciar una supuesta conducta ilícita del empresario. Esto se denomina a veces «denuncia de irregularidades». Para más información, lea nuestra sección sobre el tema.