Acto constitucional
Acto constitucional, también llamado Acta de Canadá, (1791), en la historia de Canadá, el acto del Parlamento británico que derogó ciertas partes del Acta de Quebec de 1774, bajo el cual la provincia de Quebec había sido gobernada previamente, y proporcionó una nueva constitución para las dos colonias que se llamarían Bajo Canadá (el futuro Quebec) y Alto Canadá (el futuro Ontario), en las que se dividió el territorio.
Después de la Revolución Americana (1776-83), los colonos leales entraron en Quebec, trayendo consigo el deseo de instituciones representativas y de la ley común inglesa; los comerciantes británicos de las ciudades de Quebec y Montreal también clamaban por algún tipo de asamblea legislativa. El cambio era ciertamente necesario, y la ley fue aprobada por el Parlamento británico el 10 de junio de 1791, y debía entrar en vigor el 26 de diciembre de 1791. Las nuevas asambleas legislativas, las primeras en esta parte de lo que se convertiría en Canadá, se reunieron en cada provincia en 1792.
La ley pretendía reproducir los principios generales de la constitución británica. En cada provincia debía haber un gobernador o vicegobernador que representara a la corona, asesorado por un consejo ejecutivo; un consejo legislativo nombrado de por vida por el gobernador; y una asamblea legislativa elegida. La autoridad legislativa del gobernador, el consejo y la asamblea se definía generosamente como la facultad de dictar leyes «para la paz, el bienestar y el buen gobierno» de las provincias, siempre que estas leyes no fueran contrarias a la ley. Sin embargo, los proyectos de ley podían ser desautorizados por la corona en Inglaterra. Al Parlamento de Gran Bretaña se le reservaba el derecho de controlar la navegación y regular el comercio exterior de las provincias.
Dos disposiciones especiales del acta mostraban el temor a los principios igualitarios. Una preveía la apropiación de tierras de la corona (una octava parte de todas las concesiones futuras) «para el apoyo y mantenimiento de un clero protestante». Esta parte de la ley entró en vigor, con consecuencias nefastas para la política canadiense. La otra disposición pretendía establecer una aristocracia terrateniente con derecho hereditario a ser convocada al consejo legislativo de cada provincia. Esta idea feudal quedó en papel mojado, por ser totalmente inadecuada a las condiciones locales.