A las pocas horas de asumir el cargo, el presidente Joe Biden ordenó efectivamente que los deportes femeninos y las becas de atletismo sean mixtos.

El miércoles, el presidente firmó una orden ejecutiva que «se basa en la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Bostock contra el condado de Clayton (2020)», que prohíbe a los empleadores discriminar por su identidad de género o su condición de transgénero. La orden requiere que el gobierno federal aplique el fallo del Tribunal a todos los estatutos federales contra la discriminación, incluido el Título IX, el estatuto de 1972 que prohíbe la discriminación por razón de sexo en la educación, incluido el atletismo.

El Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe a los empleadores discriminar «por razón de sexo». Pero el estatuto no menciona la identidad de género o la condición de transgénero. En una opinión del juez Neil Gorsuch, el Tribunal Supremo en Bostock confirmó que el estatuto se refiere sólo al sexo biológico. Sin embargo, Gorsuch razonó que la discriminación basada en la identidad de género es una forma de discriminación «por razón de sexo» porque la condición de una persona transgénero sólo puede definirse en relación con su sexo biológico de nacimiento.

Antes de Bostock, los tribunales interpretaban que la ley federal contra la discriminación por razón de sexo prohibía las políticas que favorecen a un sexo en detrimento del otro, pero no prohibía todas las políticas que separan o distinguen entre hombres y mujeres sobre la base de las diferencias biológicas. Así, mientras que el Título IX ordena que las escuelas traten a los atletas masculinos y femeninos por igual, los reglamentos que implementan el estatuto permiten la separación de los sexos a efectos de la competición deportiva.

En un informe amicus presentado en agosto de 2019, la IWF advirtió al Tribunal Supremo que una sentencia amplia a favor del empleado transgénero podría tener repercusiones potencialmente desastrosas para las atletas femeninas.

Aunque algunos defensores del deporte femenino esperaban que la decisión de Bostock se interpretara de forma restringida para aplicarla solo a la discriminación en el lugar de trabajo, la orden de Biden obliga a las agencias federales a aplicar la sentencia del Tribunal de forma generalizada.

Bostock estableció una prueba de «pero» en la que un empleador puede ser considerado responsable de la discriminación cada vez que el sexo de un empleado influye en una decisión. Aplicar esta prueba a las escuelas significa que los entrenadores no pueden tener en cuenta el sexo del jugador para determinar si entra en el equipo. Con este planteamiento, los centros educativos se verán obligados a permitir que las mujeres transexuales (que han nacido varones) se presenten a las pruebas y compitan en los equipos deportivos femeninos. Pero, lo que es más importante, pueden verse obligados a permitir que los atletas masculinos que no son lo suficientemente buenos para competir en el equipo masculino se prueben en el equipo femenino.

Supongamos, por ejemplo, que un estudiante varón no consigue entrar en el equipo masculino de lacrosse de la universidad, pero luego hace una prueba para el equipo femenino y demuestra que es mejor jugador que cualquiera de las jugadoras. O supongamos que un estudiante masculino quiere jugar en el equipo de hockey sobre hierba de su universidad. Según el razonamiento de Bostock, los entrenadores de estos equipos no pueden negar las plazas en la lista a los jugadores masculinos atléticamente superiores (que serán la mayoría) simplemente porque son hombres.

Entonces, ¿qué impide a un estudiante varón, armado con el nuevo ordenamiento, reclamar el derecho a intentar una plaza en un equipo femenino (y, potencialmente, una beca deportiva)? Absolutamente nada.

Y como una escuela no puede separar a los atletas en equipos masculinos y femeninos sin tener en cuenta el sexo de los participantes, la orden de Biden que aplica Bostock al Título IX plantea dudas sobre si las escuelas podrán ofrecer equipos de un solo sexo.

Todo esto, por supuesto, socava el propósito mismo del Título IX, que era ampliar las oportunidades educativas para las mujeres. Pero si lograr la completa neutralidad de género significa que algunas atletas femeninas saldrán perdiendo, supongo que es un precio que el presidente Biden está dispuesto a pagar.