En Egipto, en 2011, el gobierno autoritario del presidente Hosni Mubarak experimentó un tsunami digital: un levantamiento en las calles y en las esferas digitales. La gente organizó protestas a través de las redes sociales, mucho más rápido de lo que la policía o los servicios secretos podían reaccionar. El efecto fue abrumador: la primavera árabe barrió al presidente y el pueblo de Egipto reclamó su libertad.

Eso fue entonces. El aparato de seguridad aprendió rápidamente de sus errores. Hoy, el gobierno egipcio, encabezado por Abdel Fattah al-Sisi, un antiguo general, dispone de toda la tecnología de vigilancia que necesita para controlar y vigilar Internet. Es probable que cualquier nueva ola de protestas sea detectada rápidamente.
Los gobiernos tienen muchas formas de obtener información. Se apoyan en programas de espionaje e intercambian información entre ellos. Las empresas especializadas en tecnología de seguridad les venden las llamadas «soluciones de interceptación legal», que son básicamente tecnología de vigilancia. Hay normas que regulan las exportaciones de armas a los regímenes autoritarios, pero la transferencia de tecnología que sirve supuestamente para la seguridad y la vigilancia civil no está regulada en su mayor parte, aunque también sea problemática, advierte Marc von Boemcken, del Centro Internacional de Bonn para la Conversión (BICC). En su opinión, ayudar a los gobiernos autoritarios del norte de África y Oriente Medio a pinchar teléfonos es «tan peligroso como vender rifles de asalto».
Boemcken afirma que empresas de seguridad internacionales, pero también grandes grupos de telecomunicaciones como Nokia, Siemens o Ericsson, han vendido programas de espionaje a países como Siria sin infringir ninguna ley. Sin embargo, es evidente que al brutal régimen sirio de Assad nunca le interesaron los derechos humanos y siempre estuvo dispuesto a recurrir a la violencia para mantenerse en el poder.
Lo que un servicio secreto no puede comprar legalmente, además, puede adquirirlo ilegalmente, advierte Menso Heus, del Internet Protection Lab, una organización no gubernamental holandesa. «El mercado negro cibernético es más rentable que el tráfico ilegal de drogas», declaró durante un taller sobre temas de vigilancia en el Foro Global de Medios de Comunicación, que fue organizado por Deutsche Welle en Bonn en junio. Según Heus, «se vulneran los derechos humanos» cuando se viola la privacidad. Insiste en que no sólo deben existir normas sobre el comercio internacional de tecnología de vigilancia, sino que también deben aplicarse.
Es evidente que es necesario proteger los datos y las comunicaciones de una vigilancia excesiva y opresiva. La ironía, sin embargo, es que la transparencia va en ambos sentidos. El libre intercambio de información es esencial para que la democracia funcione, y siempre dará a las autoridades información sobre lo que piensa la gente.
Los datos abiertos son indispensables para la participación pública en la elaboración de políticas, como sabe Tchadjei Ouro-Longa. Es el jefe de comunicación de la ciudad togolesa de Sokodé, y su gobierno municipal se ha asociado con una emisora de radio local para realizar programas regulares en los que los líderes locales discuten las políticas con los oyentes, a los que se invita a intervenir por teléfono.
La necesidad de crear confianza
Ouro-Longa dice que está trabajando en nuevos formatos para hacer uso de la tecnología de la información actualizada. Este verano, la ciudad empezará a invitar a la gente a enviar mensajes de texto a la oficina del alcalde, en un enfoque innovador para que los ciudadanos puedan controlar la administración pública. También dará a la administración una imagen más clara de lo que piensan los ciudadanos individuales, lo que no es un asunto trivial en un país con una larga historia de gobierno autoritario como Togo. Los observadores saben que generar confianza es tan importante como la tecnología necesaria para llegar a los ciudadanos en un entorno como éste.
Según Ouro-Longa, no hay duda de que las autoridades locales deben cooperar con los medios de comunicación para lograr la mayor participación cívica posible. Sin embargo, los periodistas no siempre se sienten cómodos con las autoridades que utilizan nuevas formas de ofrecer transparencia. Ute Lange, de Engagement Global, afirma que ese es el caso de Bonn, donde el gobierno local está introduciendo la elaboración de presupuestos participativos, un enfoque adoptado por primera vez en Brasil (véase D+C/E+Z 2013/03, p. 119 y ss.). Según Lange, los periódicos locales menosprecian los intentos de Bonn de involucrar a sus ciudadanos en las decisiones presupuestarias.
Michelle Ruesch, de la consultora Zebralog, está de acuerdo. Asesora a la ciudad de Bonn en materia de presupuestos participativos. Informa de que unos 12.000 ciudadanos han presentado propuestas presupuestarias en un sitio web. Esta participación activa de más del cinco por ciento del electorado es apreciada por el gobierno local, pero no por los medios de comunicación locales. Los periodistas han argumentado que la respuesta es poco impresionante. A Liat Schlesinger, periodista de Israel, no le sorprende que algunos de sus colegas no aprecien los innovadores métodos de las autoridades para distribuir información e interactuar con los ciudadanos. La razón es que los nuevos enfoques reducen considerablemente sus privilegios tradicionales de descubrir secretos y expresar preocupaciones. Sin embargo, añade que los temores de los periodistas a convertirse en irrelevantes son exagerados. La razón es que, aunque los datos estén disponibles, la mayoría de los ciudadanos no son capaces de interpretarlos. Su consejo es que los periodistas profesionales se centren en el indispensable trabajo de análisis de los datos y se feliciten por el hecho de que les cueste menos esfuerzo recopilar información.
La tecnología de la comunicación y la información está cambiando las formas de organizar el discurso público. Hay serios desafíos e importantes oportunidades. Los políticos son cada vez más conscientes de las ambivalencias. Frank-Walter Steinmeier, ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, es uno de ellos. Dijo en el Foro Mundial de Medios de Comunicación: «El acceso digital y la libertad en Internet son bienes globales, pero tenemos que desarrollar normas globales»

Sheila Mysorekar y Hans Dembowski