En 2018, la ACLU y la ACLU de Kentucky presentaron una demanda en nombre de los proveedores de abortos de Kentucky para desafiar una ley estatal que prohíbe a los médicos proporcionar un método de aborto seguro y médicamente probado llamado dilatación y evacuación, o «D&E». Si entrara en vigor, esta ley impediría que muchas pacientes pudieran abortar. La ley impone un grave daño a la salud y la dignidad de las mujeres.

Tras un juicio, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Occidental de Kentucky dictaminó que la ley, también conocida como H.B. 454, es inconstitucional, y bloqueó permanentemente su aplicación. La apelación de Kentucky a esa sentencia está ahora pendiente ante el Tribunal de Apelación de Estados Unidos para el Sexto Circuito.

Para muchos pacientes, el procedimiento prohibido por la H.B. 454 es el más seguro y adecuado. La ley obligaría a los médicos a dejar de realizarlo y forzaría a los pacientes a salir del estado para obtenerlo o a renunciar a la atención por completo. Un nuevo estudio de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina encontró que las restricciones al aborto como la ley de Kentucky crean barreras a la atención segura.

Esta restricción es parte de una estrategia nacional para empujar el aborto fuera del alcance. Desde enero de 2011, los políticos estatales han promulgado más de 401 nuevas restricciones al aborto que obligan a las pacientes a retrasar la atención, a cerrar clínicas y a hacer que la atención al aborto sea inasequible. Debido en parte a estas restricciones, Kentucky es uno de los pocos estados en los que sólo queda un proveedor de abortos.

Los demandantes en el juicio son EMW Women’s Surgical Center, P.S.C., en su nombre, el de su personal y el de sus pacientes, así como dos médicos que prestan atención en EMW, en su nombre y el de sus pacientes. Están representados por abogados de la ACLU y la ACLU de Kentucky.